Por {{Antonio Oliva}}
A 36 años del derrocamiento de la Unidad Popular en Chile, las claves del golpe militar siguen la tónica del debate histórico. A continuación, algunas reflexiones sobre el particular proceso que llevó al golpe de Estado por las fuerzas cívico militares del 11 de Setiembre de 1973.
{{Avanzar o consolidar la “vía chilena al socialismo”. El más allá de la figura de Salvador Allende.}}
El trágico final de la experiencia de la Unidad Popular (1970-1973) en el gobierno chileno supuso la instauración de regímenes de facto cívico-militares – los golpes de estado en América del Sur nunca fueron obra de las fuerzas armadas sin presencia civil con mayor o menor peso tanto en los golpes como en los diseños de gobierno y represión- en todo el Cono Sur, de los cuales la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), no sólo fue la más duradera – si exceptuamos el régimen de Stroessner en Paraguay, producto de un anterior y muy distinto proceso histórico-, sino que hacia la década del 90′ fue vivificada como un proceso “exitoso” desde el punto de vista económico por la casi totalidad de las derechas políticas que hegemonizaron la plana intelectual de los estados sudamericanos, convirtiéndose en la primera experiencia “pura” de las políticas neoliberales, no sólo en el continente, sino en el mundo, antes incluso de la reacción conservadora de Reagan y Tatcher en los países centrales del globo.
Esta inmensa propaganda justificatoria de los regímenes más sangrientos y antipopulares de la historia de los países del Cono Sur, elevó al neoliberalismo por poco más de una década, a la categoría de “pensamiento único”, inaugurando así, la política de “democracias controladas”, aún vigente, caracterizadas por el chantaje económico y el secuestro del voto político, bajo la consigna de “neoliberalismo o caos”.
En Chile, a la retirada de la dictadura pinochetista ya convertida en un anacronismo político hacia 1990, le siguió una democracia caracterizada por nuevas coaliciones de los tradicionales partidos políticos. Así los principales partidos que conforman la Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó el país a los largo de tres mandatos, son el Demócrata Cristiano, la Democracia Radical y el Partido Socialista. A estos se sumaron el Partido Democrático de Izquierda (PDI), el MAPU Obrero Campesino, el Partido Liberal y otros movimientos civiles de los años 1980, hoy, todos desaparecidos o fusionados en otros partidos. Desde el punto de vista electoral, la Concertación representó el eje central de la consolidación de una democracia controlada, cumpliendo, no sólo el papel estabilizador de la continuidad de las políticas económicas neoliberales inauguradas con la dictadura, sino que retomando las antiguas características del sistema político chileno, los partidos componentes de la Concertación funcionaron como la correa de transmisión de las demandas sectoriales de la población, otorgando una aparente estabilidad institucional a dicha democracia.
La estabilidad institucional y la apertura económica con sus relativos éxitos, no debe hacernos olvidar que se sustentaron sobre una “pacificación sangrienta” y una represión sistemática sobre la población chilena: La generalidad de las estimaciones hace ascender a más de 30.000 los muertos habidos con ocasión del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, si bien ellas varían en cuanto a las cifras exactas dadas las características del país y el pánico provocado por la represión. En mayo de 1975, el Ministerio del Interior reconoció que en Chile había 41.359 personas detenidas por estado de sitio. Al 6 de febrero de 1976, esa misma fuente indicó que habían sido detenidas 42.486 personas. Se ha estimado en cerca de 2.000 los casos de detenciones seguidas de desapariciones practicadas en el país entre 1973 y 1976. Según información manejada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, solamente en los dos primeros años del gobierno militar 20.000 chilenos tuvieron que exiliarse por motivos políticos. A ellos hay que sumar decenas de miles que salieron por motivos económicos o imposibilidad de vivir en el país. La Iglesia Católica estima en cientos de miles los afectados por situaciones de exilio forzoso o voluntario. A partir de 1983, ante el incremento de la represión, nuevos contingentes de chilenos abandonaron el país. La represión desatada en los primeros años de la dictadura se intensificó a partir de 1983 cuando las protestas sindicales y la movilización democrática contra el régimen se intensificaron debido a la retirada de los gobiernos dictatoriales en los países de la región.
Por su parte la ortodoxia propagandística de la estabilidad económica debería recordar que pesar que durante los dieciséis años de la dictadura de Pinochet, de 1974 a 1989, el crecimiento de PBI, fue de 2.9 % y, en un período similar, en los dieciséis años de democracia, de 1990 a 2009, fue del 5.6 %, la distribución de la riqueza permaneció sumamente regresiva. En los setenta y ochenta, durante la dictadura de Pinochet, se deterioró notablemente la distribución del ingreso y se elevó la proporción de la población bajo la línea de pobreza; ello tuvo mucha relación con el empeoramiento de los salarios, del nivel de empleo y la caída del gasto social por habitante. El peor año, en cuanto a pobreza y distribución, se registró en los ochenta y durante las gestiones económicas de los “Chicago Boys” se abandonó para siempre las políticas de pleno empleo que durante casi medio siglo dieron a Chile la posibilidad de una democracia popular de inclusión social.
Por consiguiente, la secuencia golpe cívico militar-reacción económica neoliberal, debería explicarse en Chile, como en otros casos sudamericanos, como la respuesta de una derecha, -que a diferencia de la coyuntura de 1970 se encuentra unida y a la ofensiva- a una notable intensificación de la protesta obrero-campesina y el desarrollo de un acalorado debate sobre los significados de la democracia de base popular ocurrido en los años previos al golpe de 1973.
Desde este punto de vista, el análisis debe intentar llevarnos más allá de la colocación de las causas del golpe y la reacción continental de los EEUU y la CIA para el caso chileno, en las acciones de gobierno de la Unidad Popular y en el tratamiento que las fuerzas reaccionarias dieron a la figura de Salvador Allende. Veamos este punto más de cerca.
Es innegable que el triunfo de la Unidad Popular el 4 de setiembre de 1970 en las urnas por el 36 % de los votos y su confirmación, ante las dudas de la Democracia Cristiana de apoyar una coalición de derechas y la consiguiente dispersión de éstas en marzo del mismo año en el parlamento, pusieron en alerta, no sólo a los grupos de poder nativos, sino al mismo Departamento de Estado norteamericano, representado en forma excluyente por Henry Kissinger que en ese momento era Asesor del presidente Richard Nixon para asuntos de Seguridad Nacional en el Pentágono y quien desde una mirada geopolítica declaraba luego del triunfo de la UP:
{“Yo pienso que no nos debemos hacer ilusiones. La toma del poder en Chile por Allende nos traerá grandes problemas, a nosotros y a nuestras fuerzas de América Latina y por consiguiente al conjunto del hemisferio occidental. Por otro lado, la evolución política de Chile se revela muy grave por sus implicaciones sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos, en razón de sus efectos en Francia y en Italia”}
El impacto de la derecha ante el triunfo de la UP, pasó a ser inmediatamente algo más que un reguero de declaraciones de advertencia con visos de conspiración. A un mes del triunfo electoral, el 23 de octubre de 1970 se cernía el primer intento de golpe de estado de fuerzas cívico militares contra la democracia chilena, con el asesinato el general democrático y jefe del ejército, René Schneider.
Posteriormente se determinó que la conspiración estaba dirigida por el ultragolpista general Vieux, pero que las componendas abarcaban hasta algunos funcionarios de los ministerios del gobierno anterior. Aunque el golpe fracasó, el asesinato del general Schneider mostraba hasta que punto, un amplio sector de la derecha estaba comprometida con salidas sangrientas y autoritarias cuando la vía electoral podía comprometer la alteración del status quo, pese a que meses anteriores sostenían en sus discursos el orgullo de la estabilidad democrática de las instituciones trasandinas. A pesar de las muestras de debilidad del gobierno recién asumido ante esta primer intentona castrense, es evidente que el golpe no logró consumarse, en gran medida gracias al apoyo social y sindical –en particular el apoyo irrestricto de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT)- del que gozaba la coalición de izquierda y a la escasa articulación lograda aún por el trípode que logrará llevar a cabo la devastadora política antidemocrática dos años y medio después: Las fuerzas armadas depuradas de cualquier división de tipo democratista, la derecha chilena, o sea el Partido Liberal y Conservador unificados en el Partido Nacional (PN) y articulando con un amplio espectro de la DC y por último la intervención decidida en el plano geopolítico del Departamento de Estado norteamericano.
En este sentido, la respuesta del recién elegido presidente Allende y de las fuerzas políticas de la UP ante esta primera conspiración, fue la firma en concordancia con la DC de un documento conjunto- a cambio de los votos democristianos en el Congreso- en el que se respetarían las “Garantías Constitucionales”, esto es que el gobierno quedaba comprometido a respetar los títulos de propiedad de las grandes empresas –básicamente del salitre y del cobre en manos de los norteamericanos-o, en su defecto, resarcir económicamente los posibles traslados de propiedad a manos del estado. Los límites de un gobierno democrático con la mirada hacia un horizonte socialista –aunque su delineamiento no estuviera del todo claro-, se hacía patente en el caso chileno, desde el primer día de la asunción de la UP.
Por lo tanto, tampoco se debe sobrevalorar las estrictas medidas de gobierno de la Unidad Popular –sobre todo las más evidentes en 1971-, como causas de la definitiva consolidación del trípode golpista. Es evidente que la nacionalización del cobre chileno, la continuidad de la reforma agraria -y decimos “continuidad” por tratarse de disposiciones ya pergeñadas por el gobierno anterior de Eduardo Frei desde 1964- y el significativo aumento de salarios en el primer año de gestión, a la vez que propiciaron un estado de movilización y entusiasmo en los sectores populares que se reflejaron en el contundente triunfo electoral de la izquierda en los comicios municipales de julio de 1971, terminaron de confirmar el carácter “demoníaco” que se le sospechaba, desde la mirada de la derecha, al punto que un año después, en 1972, los parlamentarios del PN informaban a la opinión pública con escaso disimulo, que la solución era un salida golpista exigiendo la reacción de las fuerzas armadas. Para éstos Allende y su gobierno:
{“…se encuentra bajo el control del comunismo internacional, no hay autoridad en el país y el régimen del presidente Allende es un gobierno de colonos mentales manejados por la Unión Soviética”}
Sin embargo hasta octubre de 1972, las bravuconadas del espectro político de la derecha no pasaban de ser expresiones de deseo del más rancio anticomunismo. La relativa paz social de un comprometido movimiento obrero y las dudas en el seno de las fuerzas armadas que se confrontaban a cada paso con un pasado histórico no necesariamente antidemocrático no permitieron en ese primer año y medio articular a la derecha las alianzas que sustentarían el desplazamiento del gobierno de Allende. Las verdaderas alianzas golpistas sólo podían provenir de la decisión de las fuerzas armadas de comprender que había llegado la “hora de la espada” y mucho más conciente se haría cuando las primeras líneas de acción del Plan Cóndor, con el general Pinochet ya en la Casa de la Moneda y la DINA y el Pentágono operando desde un punto de vista geopolítico en el Cono Sur, asesinaran al general Prats, que representaba el último escollo con visos republicanos en el ámbito de las fuerzas armadas.
Ni las acciones adscriptas a la “vía chilena” al socialismo del gobierno de Allende, ni los titubeos entre la acción armada y la participación legal en el movimiento de masas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ni las vinculaciones comprometidas –evidentes y explícitas- de la UP con la Cuba revolucionaria, alcanzarían por sí solas para explicar la posibilidad táctica de la derecha político-militar de unificarse a partir de 1972 en la idea de un golpe de estado; más bien, pensamos que fue a través de todas estas causas juntas pero con un aditamento central que las traccionaba: la enorme movilización de masas que a partir de una innovadora discusión sobre la vía chilena al socialismo se dieron los sectores populares desde 1972 y que trascendió con creces a la acción de gobierno de la UP.
Esta fue la cuestión central que discutieron los representantes políticos de las organizaciones de la UP cuando se reunieron en la conferencia de El Arrayán, en febrero de 1972, y posteriormente en Lo Curro, en junio del mismo año. El debate sobre la estrategia futura de la UP estuvo centrado en la cuestión “Consolidar o Avanzar”.
El ala conservadora de la UP (el partido Comunista y la derecha del partido Socialista bajo la dirección de Allende) planteaba la necesidad de detener el proceso de reformas y consolidar lo que se había ganado. Sostenían que el gobierno no debería seguir adelante en la expansión del sector estatal sino reafirmar su disposición a negociar con la burguesía, demostrando en la práctica que podía controlar a la clase trabajadora y concretando así un apoyo electoral más amplio antes de seguir avanzando. Esta maniobra suponía que los poderosos respetarían los avances ya adquiridos, aunque los hechos estaban demostrando que lo verdadero era lo opuesto. El ala radicalizada abogaba por acelerar el ritmo de las reformas, profundizar el proceso de nacionalización y ponerse al frente de las luchas. La clase trabajadora –argumentaban– había mostrado estar presta para llevar adelante la lucha y la pregunta era si ¿sus dirigentes políticos se atreverían a ponerse al frente de la clase? Estos argumentos fueron sostenidos por el MAPU, la Izquierda Cristiana –otra escisión del PDC ocurrida en los mil días de Allende– y la izquierda del partido Socialista, con el apoyo del MIR, aunque esta última organización no estuviera presente en las discusiones. A la izquierda le urgía la necesidad de extender el sector público, reafirmar el compromiso original de la UP de nacionalizar las 90 mayores empresas –reducidas a 43 por decisión gubernamental–, y se enfrascó activamente en una lucha ideológica para ganar nuevos apoyos.
En ese mismo mes, el ala conservadora consiguió asegurarse una victoria en la conferencia de la UP sobre estrategia en Lo Curro. Al mismo tiempo, el Gobierno retomó sus conversaciones con los demócratacristianos –temporalmente suspendidas un mes antes– y reafirmó su compromiso de buscar la paz social y el cumplimiento de la ley.
La cara oculta de esta decisión fue develada dramáticamente en Melipilla durante el mes de junio de 1972. Allí, estaban por expropiarse varias haciendas en base a la ley de reforma agraria de Eduardo Frei Montalva, pero un juez local, de apellido Olate, venía colocando reiterados obstáculos legales a la redistribución de la tierra, colaborando consistentemente con los propietarios locales. El 22 de junio, una manifestación terminó con 22 dirigentes de la organización de trabajadores rurales presos y, enseguida, ocurrió una serie de manifestaciones de protesta. El 30, todas las vías de acceso a Cerrillos fueron bloqueadas. El 12 de julio, una manifestación de masas marchó hacia el centro el Santiago, exigiendo la liberación de los dirigentes y la dimisión inmediata del juez Olate. El gobierno se negó a intervenir.
Los incidentes en Melipilla tuvieron un significado mucho más profundo de lo que podía verse a primera vista. En el curso de la protesta, los trabajadores del área industrial vecina a Cerrillos se sumaron a sus compañeros rurales en lucha. Cerrillos fue centro de una serie de disputas industriales no resueltas: al final de junio, las fábricas textiles Perlak y Polycron, más la fábrica de aluminio Las Américas y la avícola Cerrillos, estaban todas en huelga. Los huelguistas se juntaban con sus hermanos y hermanas de Melipilla. Los manifestantes, al mismo tiempo que expresaban su apoyo a Allende, afirmaban que el Congreso y otras instituciones estatales, eran el principal obstáculo para realizar el programa de la UP.
La acción mancomunada de los trabajadores agrícolas e industriales abrió nuevas y diferentes posibilidades. De la lucha unida nació una nueva forma de organización, forjada en el curso de las huelgas de Cerrillos, que se autodenominó “Cordón Industrial”. El Cordón de Cerrillos publicó, a comienzos de julio, una declaración demandando el control de la producción por los trabajadores y la sustitución del Parlamento por una Asamblea de Trabajadores, decisiones mucho más alentadoras que cualquiera de los temas discutidos abiertamente por los partidos de izquierda. Sin embargo, su potencial como una base alternativa de organización social y política no pasó por la cabeza de nadie. Por otro lado, el partido Comunista y el ala derecha del partido Socialista sostenían que se debería coordinar la lucha a través de la dirección sindical oficial, la CUT, porque el acuerdo de Lo Curro estableció que no habrían futuras incursiones contra el capital privado ni más desafíos al Estado y, por lo tanto, ordenaron a sus miembros no acercarse a los cordones.
Paradójicamente, el creciente apoyo popular a la UP, que se reflejó tanto en los resultados de una elección suplementaria en Coquimbo en julio y en las elecciones para el ejecutivo de la CUT, expresaba la visión de los trabajadores de seguir adelante. El ala derecha de la UP, entre tanto, la interpretaba de un modo diferente, como si representara la aprobación a su estrategia de alianza entre las clases.
Fue justamente el debate de Lo Curro y el control –y a veces la represión– de las actividades de trabajadores y pobladores lo que dominó la Asamblea Popular realizada en Concepción a finales de ese mes de julio, cuando delegados de organizaciones sindicales, populares y estudiantiles, así como también de organizaciones de izquierda, se reunieron para discutir la coyuntura política. El único ausente fue el partido Comunista, que describió a la Asamblea de Concepción de un modo que quedaría marcado en el tiempo, “una maniobra reaccionaria e imperialista, que usaba a elementos de ultraizquierda como escudos”. El propio Allende, en un comunicado del 31 de julio, desarrolló la misma idea:
{“Por segunda vez en tres meses, Concepción fue lugar para una acción divisionista cuyo efecto es minar la hegemonía de la Unidad Popular sobre el movimiento. No hay mínima duda de que es un proceso que sirve a los enemigos de la causa revolucionaria”.}
La pérdida del control político sobre la movilización de carácter asambleario de poblados y regiones enteras del país, con su concomitante proceso de discusión sobre los atajos y vías a seguir, puso en órbita al gobierno con respecto a la sensación térmica social, desterritorializó las tácticas de las izquierdas, y a su vez –y paradójicamente- solidificó al trípode golpista que hacia mediados de 1973, tenía tres cosas fundamentales para la consolidación de una nueva correlación de fuerzas a su favor: Unidad, el bloque de la derecha civil, encabezada por el PN y traccionanado al ala derecha de la DC, avocaba ya claramente por el golpe militar de unas fuerzas armadas que a diferencia de 1971 se encaminaba a la crítica al “caos” social dirigido desde la cúpula por el general Augusto Pinochet; la ideología del golpe, el caos inflacionario y el caos social y por último el visto bueno de la política del Pentágono desde una mirada geopolítica.
La lenta agonía, la tragedia del gobierno popular, se consumará el día 11 de setiembre, cuando los tanques y la metralla castrense ahoguen el grito del presidente Allende en el Palacio de a Moneda, e inicien el “largo invierno chileno”, la noche de la Dictadura.
{Recordis en latín, volver a pasar por el corazón…}
{{Antonio Oliva es historiador, docente de la Universidad Nacional de Rosario, militante político y social}}