Rosario, 16 de febrero de 2008. Los trabajadores de ATE Rosario de la Fábrica Militar de Armar Fray Luí­s Beltrán decidieron en Asamblea la moción que llevarán al Plenario General de los trabajadores de fabricaciones militares el próximo 25 de febrero.
La Asamblea en Fray Luí­s Beltrán decidió mocionar por un Plan Nacional de Lucha hasta que se abra la discusión salarial en la que se pedirá un aumento del 40 % de los salarios a cuenta de lo que posteriormente se negocie en Paritarias.

Los Trabajadores de Fabricaciones militares de todo el paí­s realizarán su Plenario en la Sede de la ATE Nacional el próximo 25 de febrero, en tanto que el 27 del mismo mes se llevará a cabo una nueva Asamblea en Fábrica Militar Fray Luí­s Beltrán.

Ante los despidos que se vienen sucediendo en el municipio de la ciudad de San Lorenzo, la ATE- CTA Rosario manifiesta su más enérgico repudio.

Desde principio de año la Municipalidad de San Lorenzo despidió a cerca de 90 trabajadores sin que estén claramente identificadas las causas, de forma arbitraria y sin previo aviso.

La Asociación Trabajadores del Estado A.T.E, entidad sindical de 1er grado, y con personerí­a jurí­dica y gremial Nº 2 adherida a la Central de Trabajadores de la Argentina C.T.A pide la inmediata reincorporación de los compañeros despedidos y el pase a planta de todo el personal en negro en el ámbito de las administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales.

Imágenes de la marcha realizada el viernes 25 de enero en Plaza San Martí­n de Rosario en homenaje a Sandra Cabrera, militante social asesinada hace cuatro años en esta ciudad, sin que la justicia santafesina haya determinado los culpables de este hecho aberrante.El acto fue encabezado por la Secretaria General de AMMAR Rosario Claudia Lucero, por la Secretaria General de AMMAR Argentina y Sec. de Actas de la CTA Nacional Elena Reynaga, y por el Sec. Gral de la CTA Rosario Jorge Acedo. Participaron además organizaciones sociales, polí­ticas, de lucha por los derechos humanos y defensa de las minorí­as sexuales.

El grito fue uno sólo: {{JUSTICIA PARA SANDRA}}

La Central de Trabajadores de la Argentina de Rosario expresa su más firme solidaridad y apoyo a los compañeros trabajadores de Acindar accidentados y a sus familias.
Apoyamos la resolución de Paro de la UOM de Villa Constitución y en este mismo sentido nos declaramos en estado de Alerta, Movilización y Sesión Permanente para acompañar toda medida que dispongan los trabajadores y su organización.

Nuevamente ACINDAR es “ejemplo” de la Voracidad patronal para la cual la Vida y los derechos de los trabajadores no valen nada. La única ley que guí­a sus planes de producción y crecimiento es la Ley de la Ganancia.

Más allá de la necesaria Investigación de los hechos y las sanciones correspondientes a la Patronal queda absolutamente claro la responsabilidad de la empresa de estos nuevos accidentes. Cuando aún estos grupos empresariales no han rendido cuenta de su responsabilidad y complicidad con la represión al pueblo y a los trabajadores de Villa Constitución, el genocidio y los delitos de lesa Humanidad que los militares argentinos cometieron en su nombre, hoy deben responder por las vidas que siguen poniendo en riesgo por negarse a reconocer la existencia misma del estado de derecho y la legislación laboral vigente.

Como bien han denunciado los compañeros de la UOM de Villa Constitución es inadmisible la inexistencia en años de Inspecciones periódicas a lasempresas por parte de Secretaria y Ministerio de Trabajo y como tambiénla ausencia de un marco legal nacional y provincial que garantice la conformación de comisiones mixtas de seguridad e higiene con carácter paritario. Frente a esto, sólo es posible responder colectivamente.

Así­ lo están demostrando los trabajadores de la UOM de Villa Constitución con susrepresentantes gremiales, su cuerpo de delegados y comisiones de trabajo. Los hechos de Acindar son la punta del iceberg de una realidad que en losúltimos diez años nos habla de 800 trabajadores fallecidos en accidenteslaborales en nuestra Provincia. Cifra que corresponde a trabajadores registrados y que de acuerdo a números oficiales apenas superan el 50% deltotal.

La respuesta que han dado los trabajadores de Acindar es posible porqueexiste unidad, memoria histórica y organización democrática de los trabajadores. Hechos de similares caracterí­sticas a éste no han tenido la misma respuesta por falta de organización de los trabajadores y la silenciosa complicidad del Estado. Sólo en el 12% de la empresas los trabajadores tienen su delegado de base debido a la persecución, laspresiones y los despidos que llevan adelante las patronales, sin hablar por supuesto de la indignidad de la burocracia sindical responsable directa de esta situación.

Por último consideramos impostergable que los legisladores provinciales abran urgentemente el debate sobre el proyecto del PE que impone la constitución de las comisiones mixtas de seguridad e higiene con carácter paritario en cada sector de trabajo. Exigencia que hacemos a todos los legisladores provinciales, independientemente de su pertenencia partidaria, y muy especialmente a los senadores provinciales.

Los 1600 accidentes fatales evitables de trabajadores en los últimos diez años en nuestra Provincia y este nuevo hecho son razones suficientes para que el Estado santafesino y el Estado nacional notifiquen a las patronales sobre la existencia de la Constitución Nacional y la Normativa Laboral Vigente.

{{CTA Rosario}}

[El Trabajador del Estado, publicación de la ATE Nacional->http://www.ateargentina.com.ar/index.php?nota=4705]

=http://www.bibliotecacta.org.ar/

=http://www.atepensiones.org.ar/[ATE Pensiones, Web Junta Interna->http://www.atepensiones.org.ar/]

Al cumplirse cuatro años del brutal asesinato de nuestra dirigente militante y social de AMMAR Rosario, Sandra Cabrera, convocamos a todas las organizaciones sociales que siempre nos acompañaron en nuestro pedido de justicia.Este viernes 25 de enero, a las 19 en Plaza San Martí­n realizaremos el acto por Sandra Cabrera, militante social asesinada hace cuatro años en la ciudad de Rosario, sin que la justicia santafesina haya determinado los culpables de este hecho aberrante.

Este viernes acompañanos a repudiar estos cuatro años de total impunidad.

¡La lucha continúa!

Convoca: AMMAR – CTA Rosario

{{Cronologí­a previa y posterior al asesinato de la militante social Sandra Cabrera, principales hechos por fecha}}

{{2000-}} La trabajadora sexual Sandra Cabrera realiza su primera denuncia pública a raí­z de una paliza que le dan dueños de prostí­bulos y patovicas de la zona de la Terminal de ómnibus de Rosario.

{{2001-}} Se forma la Asociación de Mujeres Meretrices de Rosario (AMMAR), con Sandra Cabrera como Secretaria General.

{{2003-}} AMMAR lanza una campaña en todo el paí­s por la derogación de los Códigos Contravencionales que criminalizan el trabajo sexual. En Rosario, los artí­culos 83, 97 y 93 (prostitución escandalosa, travestismo y ofensa al pudor) del Código de Faltas son utilizados para detener, hostigar y cobrar coimas a las trabajadoras sexuales.

{{Marzo de 2003-}} Una patrulla se lleva detenida a una integrante de AMMAR y a dos travestis que aguardan clientes en su parada habitual. Acompañadas por Sandra Cabrera denuncian al Jefe de la Seccional 12 de la Policí­a por el “trato humillante” recibido.

{{Abril de 2003-}} Sandra Cabrera cuenta a los medios de comunicación que se reunió con personal del Ministerio de Gobierno para solicitar que las trabajadoras sexuales “no seamos detenidas en dí­as de semana, durante el ciclo lectivo, para poder enviar a nuestros hijos al colegio”.

{{Abril de 2003-}} Sandra Cabrera se entrevista con el vicegobernador de Santa Fe, Marcelo Muniagurria para solicitarle que apoye el proyecto de ley presentado por el diputado Eduardo Di Polina del Partido Socialista (PS), que deroga los artí­culos del Código de Faltas que criminalizan el trabajo sexual. El vicegobernador se compromete a conseguir entrevistas con el ministro de Gobierno, pero dice que él no tiene poder sobre la policí­a.

{{10 de septiembre de 2003-}} AMMAR Rosario denuncia en los Tribunales de la provincia de Santa Fe a los Jefes de la División Moralidad Pública de la policí­a por recibir dinero de boliches para impedir el trabajo de las mujeres en la calle y sacar del mercado a las competidoras, por amparar lugares de explotación sexual infantil y por cobro de coimas a las trabajadoras sexuales de la calle para no llevarlas presas. A raí­z de estas denuncias son desplazados de sus cargos el jefe Javier Pinati y el subjefe Walter Miranda. La denuncia es firmada por tres integrantes de AMMAR Rosario, entre ellas Sandra Cabrera.

{{Fines de Septiembre de 2003-}} AMMAR Rosario se reúne con el ministro de Gobierno, Carlos Carranza, para denunciar que continúa el hostigamiento policial.

{{9 de Octubre de 2003-}} Se recibe en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), donde funciona AMMAR Rosario, una amenaza telefónica: “Decile a Sandra que a la piba la va a encontrar muerta antes de mañana”. La piba es la hija de Sandra Cabrera, de 8 años. Desde ese dí­a, la casa de la dirigente de Ammar es custodiada por la sección Seguridad Personal de la policí­a. Ese mismo mes, una denuncia anónima presentada en el juzgado de Menores Nº 2 señala que “Sandra Cabrera manda a su hija a mendigar y que no la enví­a a la escuela”. Una asistente social corrobora que la denuncia no tiene asidero.

{{17, 19 y 24 de Octubre de 2003-}} Tres trabajadoras sexuales son golpeadas con ferocidad en distintos puntos de Rosario por hombres de civil que se dan a la fuga y que la policí­a nunca encuentra. Sandra lo denuncia públicamente.

{{Fines de Octubre de 2003-}} Sandra vuelve a ser amenazada. A pesar de contar con custodia policial en la puerta, dos individuos entran a la casa, la golpean y le ponen un revólver en la cabeza a su perro mientras le dicen “dejate de joder”.

En un comunicado emitido por AMMAR y la CTA Rosario luego de este
episodio, se señala: “Lamentablemente estas amenazas se vienen sucediendo en todo el paí­s para que las compañeras de AMMAR dejen de luchar por la derogación del artí­culo que penaliza su trabajo en esa provincia. Esta lucha se enmarca en la campaña Nacional que llevan adelante todas las compañeras de AMMAR, para que cesen los maltratos y la discriminación de que son ví­ctimas”. Aquel comunicado finalizaba: “Es por todo esto que hacemos responsable a las autoridades de la provincia de la integridad fí­sica de nuestra compañera Sandra Cabrera y su hija”.

{{9 de enero de 2004-}} Por orden del subsecretario de Seguridad, Alejandro Rossi se retira la custodia policial de la casa de Sandra. Rossi
argumenta: {{“No se puede hacer una custodia personal sobre una prostituta callejera, es muy difí­cil”.}}

{{23 de enero de 2004-}} Sandra Cabrera acompaña a la meretriz Stella Maris Langoni a realizar una denuncia en la Fiscalí­a Nº 1 de Rosario contra la sección Moralidad Pública de la Policí­a. Longoni denuncia que fue detenida dí­as antes por agentes de Moralidad Pública junto a otras compañeras en San Lorenzo y Alsina, a pesar de haber pagado a un policí­a de esa dependencia la cuota semanal de 50 pesos con el objetivo de no tener problemas. Sandra denuncia ante los medios la situación, que sale publicada con una foto de ella el dí­a 24 de enero de 2004.

{{27 de enero de 2004-}} A los 32 años, la secretaria general de AMMAR Rosario, {{Sandra Cabrera, es asesinada de un balazo en la nuca}} a pocas cuadras de su casa y de su parada en la zona de la Terminal de ómnibus Mariano Moreno. Habí­an pasado apenas tres dí­as de la última denuncia.

{{28 de enero de 2004-}} La investigación del asesinato recae en el juez Carlos Carbone del Juzgado Nro. 9. AMMAR no puede ser querellante de la causa, porque el Código Procesal Penal santafesino impide que los representantes de la ví­ctima actúen como querellantes, ya que esa figura es privativa del Estado.

{{30 de enero de 2004-}} Como respuesta al crimen de Sandra, el gobernador Jorge Obeid disuelve la sección policial Moralidad Pública y se compromete a derogar los artí­culos del Código de Faltas provincial que penalizan la prostitución, tal como AMMAR reclama.

{{Marzo de 2004-}} Desestiman crear una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para investigar la muerte de Sandra y finalmente crean una comisión “simbólica” que no ejerce ninguna presión y queda paralizada a los sesenta dí­as.

{{10 de junio de 2004-}} Luego de tomar 116 declaraciones testimoniales, 25 informativas y la indagatoria al policí­a federal de la División Drogas Peligrosas Diego Victor Parvluczyk (que no sólo se contradijo, sino que fue visto por testigos con Cabrera en la madrugada del 27 de enero), el juez Carlos Carbone considera que hay elementos para llevarlo a juicio y dicta el procesamiento del policí­a Diego Parvluczyk por el delito de “homicidio calificado con alevosí­a”.

{{7 de noviembre de 2004-}} {{La Cámara de Apelaciones en lo Penal, integrada por Ernesto Pangia, Alberto Bernardini y Eduardo Sorrentino, deja sin efecto el procesamiento}} por considerar que los elementos de prueba “no son suficientes”. {{Los camaristas argumentan que los testimonios tomados por el juez Carbone a las principales testigos, todas trabajadoras sexuales, no son válidos porque provienen de “personas con actividades callejeras que transcurren las madrugadas con un itinerario errante”}}, entre otras valoraciones negativas hacia las compañeras de Sandra. {{Diego Victor Parvluczyk sigue imputado, pero queda libre.}}

{{10 de noviembre de 2004-}} AMMAR convoca a una conferencia de prensa en la sede de ATE Rosario, donde repudia la decisión de la Cámara de Apelaciones de liberar al único imputado. Claudia Lucero, elegida secretaria general de AMMAR Rosario luego del asesinato de Sandra, afirma: “Detrás de Parvluczyk hay autores intelectuales que no están siendo investigados. Tres dí­as antes de su asesinato Sandra denunció con nombre y apellido a un policí­a que cobraba coimas a compañeras. Está claro: la policí­a puede matar con impunidad”. Además, AMMAR denuncia que volvieron los pedidos de coimas a las trabajadoras sexuales en la zona de la Terminal Mariano Moreno, donde fue asesinada Sandra.

{{12 de Noviembre de 2004-}} El abogado defensor de Diego Parvluczyk pide la recusación del juez Carlos Carbone por “imparcialidad”. La Cámara de Apelaciones da lugar al pedido y Carbone es separado de la causa.

{{Diciembre de 2004-}} La causa por el asesinato de Sandra Cabrera queda en manos del juez de instrucción Alfredo Ivaldi Artacho, quien se escuda en la “falta de infraestructura” para no avanzar en la investigación. {{La causa queda congelada.}}

{{24 de octubre de 2006-}} La Cámara de Apelaciones da lugar al pedido del imputado Diego Parvluczyk y reduce hasta el 14 de junio de 2007 la prorroga para la investigación del homicidio de Sandra Cabrera.

{{Abril de 2007-}} El gobernador Jorge Obeid enví­a a la Legislatura un proyecto para modificar el Código de Faltas donde reemplaza “moralidad” por “tranquilidad pública” requiere la denuncia de un tercero para aplicar la sanción. Pero impone arresto o multa a quienes ejerzan la prostitución en la calle.

{{26 de Abril de 2007-}} AMMAR Rosario denuncia que Obeid no sólo no cumplió con su compromiso de derogar el Código de Faltas, sino que presenta un proyecto que “mantiene la criminalización del trabajo sexual” y además “persigue a toda persona que se organiza y manifiesta”.

{{22 de noviembre de 2007-}} {{Diego Parvluczyk es sobreseí­do}}. El juez de instrucción Alfredo Ivaldi Artacho argumenta que “no se incorporaron nuevas pruebas en la prórroga del plazo investigativo planteado una vez que el uniformado recibió la falta de mérito”. {{Aunque formalmente la causa no está cerrada, la investigación está detenida de hecho desde diciembre de 2004.}}

Principales problemas detectados en la relación entre salud y trabajadores en la provincia de Santa Fe.

Por Gustavo Gualtieri

{{Informe de Salud Laboral de ATE Rosario
}}
Principales problemas detectados en la relación entre salud y trabajadores en la provincia de Santa Fe

1- Dificultades importantes en el ámbito de la Provincia para el reconocimiento de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales sufridas por los trabajadores dependientes de la misma. Si bien es más frecuente que se reconozcan accidentes (tal vez sea debido porque son, en general, traumatismos y provocan lesiones agudas) es muy escaso el reconocimiento de las enfermedades profesionales. No me refiero sólo a lumbalgias, hernias u otras afecciones que no figuran en el Laudo 405 (y modificatorios) que reglamenta la LRT, sino a afecciones clásicas y reconocidas como ser sí­ndrome de túnel carpiano o roturas de ligamentos.

En la bibliografí­a se cita que la relación entre enfermedades profesionales y accidentes laborales denunciados es de 8 a 2, esto es; cada 2 accidentes laborales hay 8 casos de enfermedades profesionales.
2- Desconocimiento de la normativa laboral por parte de los médicos de Salud Laboral, en especial del Ministerio de Educación. Ante reclamos especí­ficos, he escuchado respuestas como “nosotros somos médicos y no nos metemos en cuestiones legales”. Esto trae como consecuencia que se califique como “enfermedad de larga duración” a la mayorí­a de los accidentes y enfermedades profesionales, cuando en realidad debe ser calificados como tales, al menos en su modalidad “preventivo”, hasta el dictamen de Asuntos Jurí­dicos. Debido a estas situaciones –la incorrecta calificación- el agente debe solicitar junta médica para lograr el reconociendo de origen laboral de su afección, lo cual implica realizar un trámite engorroso que se extiende por meses, cuando en realidad esa calificación debe ser hecha al ser detectada por el médico laboral la afección. Es injustificable que se omita la causalidad laboral de las mismas en el momento de ser diagnosticada.

3- Los servicios de Salud Laboral Provinciales parecieran desconocer su función de prevención y promoción de la salud que estipula la ley 24.557. Ello es debido, en parte, a la casi ausencia de médicos laborales formados como tales en los mismos y, por otra parte, a la escasez de recursos humanos que provoca que los mismos médicos cumplan la mayor parte de sus jornadas laborales ocupados en el control del ausentismo laboral. Urge una ampliación de recursos humanos capacitados para que se realice una tarea eficaz de prevención de accidentes y promoción de la salud de los trabajadores.

4- Deficiencias en la realización de exámenes médicos periódicos, de cambio de tareas y de egreso establecidos por la ley 24.557 debido a lo expuesto en el punto anterior (falta de recursos humanos). Solamente se cumple con el examen médico al ingreso, aunque hemos detectado arbitrariedades en las calificaciones de “apto relativo”, que muchas veces no aclaran exactamente el diagnóstico. En el caso de los otros exámenes citados, prácticamente no se realizan al estar saturado el personal de salud laboral en la tarea del control de ausentismo.

5- Serias dificultades con los diagnósticos de las juntas médicas de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Hemos observado numerosos casos de agentes cuyas afecciones fueron evaluadas por las juntas de Salud Laboral del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación dictaminando porcentajes elevados de incapacidad y luego al ser evaluados por las juntas de Caja de Jubilaciones nunca concuerdan con las anteriores, y en todos los casos, establecen porcentajes menores de incapacidad laboral.

6- En el mismo orden, dichas juntas de la Caja de Jubilaciones dicta, en la mayorí­a de las veces, tareas acordes al estado del agente que no concuerda con la realidad de las tareas posibles que puede realizar el mismo. Es decir, realizan las llamadas Fichas Lesiográficas en las que se enumera una serie de tareas que el agente puede o no realizar –según la especifidad del cargo que reviste- que en la mayorí­a de las veces exigen tareas que entrañan enormes esfuerzos difí­ciles de cumplir.
Asimismo, en los Comités de Reubicación de los efectores provinciales que deben asignar las tareas a los agentes según las fichas ya nombradas, hemos observado que no evalúan en forma adecuada cada puesto de trabajo y se han detectado arbitrariedades según el agente pertenezca o no a UPCN, cuyos delegados forman parte de dichos comités.

7- En cuanto decreto que establece la cobertura de asistencia a los agentes que sufren afecciones por accidentes de trabajo o enfermedades laborales por el IAPOS, debemos aclarar que dicha cobertura es deficiente. Por ej; en el artí­culo primero del anexo único del convenio IAPOS – Prov. se establece que las coberturas del IAPOS están regidas por la PMO (Prestaciones Mí­nimas Obligatorias dictadas por el Ministerio de Salud Nacional a las Obras Sociales), en abierta contradicción con lo establecido en la Ley 24.557 (art. 20) que no establece lí­mites de cobertura.

Dice regirse por los enunciados de la Ley de Riesgos del Trabajo (nº 24.557). Pero dicha ley establece obligaciones de asistencia en los casos de accidentes laborales y enfermedades profesionales que son muchos más amplios que la cobertura médico asistencial que brinda el IAPOS. Por ej. los objetivos enunciados en la ley son los siguientes; Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT): a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. Todas estas acciones no se llevarán a cabo, al menos en el marco de este convenio.

También encontramos que en dicho convenio en la cláusula novena establece que “el IAPOS no será responsable por la inejecución del convenio”. O sea, en caso de corte de servicios de parte de los prestadores, el trabajador accidentado se quedará sin asistencia, por ejemplo.

Y para terminar la enumeración de problemas, podemos citar que no se evita el cobro de plus por parte de médicos y clí­nicas privadas (en algunas intervenciones superan al sueldo del agente), es injustificable que un agente que sufrió un accidente de trabajo tenga que lidiar con la asignación de turnos con una demora de hasta seis meses para prestaciones de alta complejidad y un largo etc. de situaciones que padecemos los trabajadores al utilizar esta obra social. Todas estas deficiencias llevan a que la mayorí­a de los trabajadores provinciales accidentados o enfermos, se asistan en los hospitales públicos, a pesar de contar con una Obra Social.

{{ Dr. Gustavo Gualtieri}}
Salud Laboral
ATE-Rosario

[La Hoja de ATE, 14 de enero 2008->doc356]