Rosario, 28 de marzo de 2016. El 15 de marzo pasado se firmó un acta paritaria entre las autoridades provinciales y la FESTRAM. Las partes salieron a publicitar un aumento del 33% para los trabajadores municipales de la provincia. Sin embargo, el análisis de lo acordado arroja que el incremento real no sería tan beneficioso: partiendo de la base en que se encuentran los trabajadores peor pagos de la administración pública, ese porcentaje es mentiroso.
Para comenzar, nada dice el acta sobre los empleados precarizados, que cobran salarios de hambre y, muchas veces, fuera de cualquier tiempo y forma. Son ellos quienes no logran acceder ni siquiera al salario mínimo que establece el Consejo Nacional del Salario ($6.060) y que, ahora, ni siquiera son tenidos en cuenta en la paritaria provincial.
Luego, el anunciado aumento del 30% se dará en dos cuotas, lo que ya retrasa los salarios de los municipales y los congela hasta julio, cuando se cobrará la última parte. El primer 20% se cobrará a partir del 1º de marzo, pero la mitad de ese importe se lo llevará la Caja de Jubilaciones. Y para peor, el 10% restante no ingresará en el cómputo del aguinaldo. Por lo tanto, el aumento completo recién se percibirá en el sueldo de abril a cobrarse en mayo.
La debacle continúa cuando se analiza que el 3% que completa el 33% anunciado se cobrará a partir del 1º de julio, y se trata de “una suma fija no remunerativa y no bonificable en concepto de complemento salarial equivalente al 3% mensual sobre los haberes netos de cada trabajador, calculado sobre las sumas sujetas a aportes de la política salarial 2015 menos los descuentos de ley y asignaciones familiares”. Es decir, un aumento en negro del 3% sobre los haberes de 2015 y no sobre las sumas actuales.
Y por supuesto, el acuerdo incluye nuevamente el “aporte solidario” en favor de la FESTRAM del 1% de los salarios de los trabajadores municipales que reciban estos aumentos. En realidad, se trata de una contribución compulsiva que los mismos empleadores retienen del salario de todos los trabajadores, incluso de aquellos que han elegido afiliarse a sindicatos que no pertenecen a dicha Federación, como es el caso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Esta medida puede hacerse efectiva gracias a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que se contradice abiertamente con otra resolución de su par nacional y va en contra de la libertad sindical, ya que no es justo que trabajadores que elijen libremente su sindicato de pertenencia tengan que aportar obligatoriamente a otra entidad sindical.
Según lo anunciado, con este acuerdo paritario el salario mínimo de bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras municipales (siempre que sean de planta) asciende, a partir del 1º de marzo a $8.050 y a partir del 1º de julio de a $9.050. Además de lo ya explicado, este monto está muy lejos de lo que sabemos que necesita un trabajador y su familia como mínimo para vivir: tal como señalan los delegados de ATE Indec, para enero el Salario Mínimo, Vital y Móvil debía ser de $16.437,30. Y también se mantiene a una distancia abrumadora de lo que han perdido los trabajadores y las trabajadoras con la inflación y la devaluación, que supera holgadamente el 40%.
Luego de desnudar la mentira del 33% de aumento para los y las municipales, se hace imperioso retomar los reclamos que se vienen levantando desde ATE para todo el sector: Salario Mínimo, Vital y Móvil para todos los trabajadores y las trabajadoras municipales de la provincia; pase a planta de todos los precarizados; reconocimiento de la ATE en el municipio de Rosario.
Una vez más, se cerró una paritaria sin contemplar las verdaderas necesidades de los trabajadores municipales. Por ello es necesario generar espacios de debate y discusión, que expresen en planes de lucha concretos las exigencias reales del sector. Esa será la única forma de que la discusión paritaria tenga real sentido.
* Por Equipo de Comunicación ATE Rosario