*Nota publicada por El Trabajador del Estado
– La conducción nacional de ATE, mediante el Secretario Adjunto Hugo Godoy, se expresa sobre las resoluciones 559 y 560 del Director Ejecutivo de PAMI, que dispusieron la disolución de múltiples estructuras, comprometiendo los niveles operativos en los que se realiza la atención directa de los afiliados, mientras no se tocan fastuosas estructuras supernumerarias en los niveles centralizados y entre los cargos jerárquicos del poder de turno.
Los ciudadanos de a pie, aquellos que auténtica y literalmente mueven las ruedas de la historia, se preguntarán: ¿Por qué hay líos en al PAMI? ¿Será parte de una campaña sucia? ¿Tendrá que ver con las elecciones generales o con la disputa por el poder en algún sindicato? ¿No tendrán otra cosa para hacer que cortar la calle?
No son recientes los problemas en el PAMI, que afectan la fuente y las condiciones de trabajo de sus empleados y, principalmente, la de más de cuatro millones de jubilados y pensionados cubiertos a través de los servicios de la principal Obra Social de nuestro país.
Muchas veces quienes llevamos sobre nuestras espaldas el mandato de miles de trabajadores incurrimos en el trágico error de defender únicamente reivindicaciones salariales, por cierto legítimas, pero que al mismo tiempo, indirectamente, le hacen el caldo gordo a quienes buscan ubicarnos como actores secundarios en la discusión de los grandes temas de la política nacional.
Los problemas en el PAMI afectan a todos los hogares argentinos, porque en todos hay relación con una persona mayor y porque cuando se atenta contra este sector poblacional, también se pretende anular la memoria histórica de nuestro pueblo. Es decir, que este conflicto, como otros en los que ATE tiene presencia, pone sobre el tapete el rol del Estado y con ello lo de todos.
Venimos a decir que estos problemas se erigen como una bisagra y una prueba inexorable sobre el rol que nos toca jugar en función de la sociedad que merecemos y nos atrevemos a desear.
El conflicto
El disparador del conflicto en el PAMI tiene que ver con el dictado de las resoluciones 559 y 560 del Director Ejecutivo (en los hechos interventor de facto desde hace más de diez años), que dispusieron la disolución de múltiples estructuras, comprometiendo los niveles operativos en los que se realiza la atención directa de los afiliados a la obra social, mientras no se tocan fastuosas estructuras supernumerarias en los niveles centralizados donde pululan, en los cargos jerárquicos cortesanos del poder de turno, piratas de siete mares e ideólogos de pacotilla.
No hace mucho tiempo las actuales autoridades decidieron auto imponerse un aumento exponencial en sus haberes por fuera de toda lógica de costo de vida, por lo que se iniciaron las debidas actuaciones ante la Justicia.
Los trabajadores de PAMI son quienes reciben la bronca de los afiliados por la bajísima calidad de sus prestaciones y servicios, expresada a través de la imposibilidad de cumplir con cupos capitados de mil afiliados por parte de los médicos de cabecera del primer nivel de atención; las asimetrías más escandalosas registradas en la comparación con las prestaciones del interior del país; la renuncia a las funciones de auditoría por parte del Instituto de jubilados y pensionados; las penurias múltiples y cotidianas sufridas por los pacientes del PAMI en clínicas y hospitales contratados; la vejación que supone la realización de muchos trámites ante las oficinas del PAMI, empezando por la circunstancia inicial de una innecesaria afiliación en las actuales épocas que corren de digitalización y avanzadas tecnologías de la comunicación.
Estos trabajadores son también testigos del desmonte progresivo, silencioso y mal intencionado de las prestaciones sociales que fueran orgullo y elemento de diferenciación respecto a las restantes obras sociales, e incluso prepagas, abocados a la atención de personas mayores, sin dejar de mencionar los arreglos y los sobreprecios en las contrataciones, la falta de idoneidad de los funcionarios ocupantes de los cargos, la sangría de los créditos brindados por el PAMI a otros destinos para enmendar los rojos de administraciones amigas, sin verdaderos reaseguros que esas imposiciones dinerarias fueran a trocar en mejoras sustantivas y objetivables para los afiliados del PAMI, con el agregado de que muchos de los compromisos asumidos conllevaron la renuncia al inventario de lo que se recibió dando lugar, en principio, a situaciones ambiguas de legalidad.
Por ello, los trabajadores y quienes circunstancialmente los representamos, ocupamos un lugar central y estratégico para seguir enumerando anomalías de todo tipo registradas en el PAMI, profundizar una cultura de resistencia y propositiva, también, sobre los temas de todos.
Quienes nos encontramos con los otros hombres y mujeres de un lado o el otro del mostrador, sean afiliados o trabajadores en actividad que sufrimos las consecuencias de maltratos múltiples y cotidianos, demandamos la unidad en la acción y propuestas consensuadas que no pueden acabarse con una medida de fuerza.