Rosario, 19 de noviembre de 2012. En lo que va del actual mes de noviembre se llevaron a cabo presentaciones públicas sobre situaciones en las cárceles de la Provincia de Santa Fe que afectan a los profesionales de diferentes disciplinas que allí trabajan.
El día 2 de noviembre, en el salón “Héctor Quagliaro” de las instalaciones de ATE-Rosario, se dio lugar a una actividad en el marco de esa denuncia pública señalada, donde trabajadores de las cárceles afiliados a ATE participaron junto a organizaciones de derechos humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la ONG Mujeres tras las Rejas, CTA-Rosario, el Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia, el Defensor General de la Provincia de Santa Fe; también estuvieron autoridades del Colegio de Trabajo Social, de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNR, la Decana de la Facultad de Psicología de la UNR; la FM Comunitaria AIRE LIBRE, El Eslabón, estudiantes de distintas carreras de la UNR, trabajadores de otras áreas del Estado y demás ciudadanos con convicción por la defensa de un Estado de Derecho.
Desde la perspectiva de un proceso histórico, resaltaron haber sido convocados como trabajadores a desempeñar el rol como psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, en el marco de una política pública penitenciaria cuyos lineamientos centrales fueron democratizar la prisión, abrir la cárcel, garantizar derechos, reducir daños y reintegrar socialmente a pesar de la prisión.
En este sentido, se fueron exponiendo una serie de situaciones respecto de la persecución ideológica que se viene delineando y concretando luego de haber llevado a cabo argumentaciones públicas desde principios del año 2012 respecto del retraimiento de la política penitenciaria antes mencionada y como esa situación repercute no solo en las condiciones de trabajo, sino también en las condiciones de asistencia, indicando que ese reciente giro de los lineamientos de la política pública desmantela la protección de derechos básicos de todos los que habitan las cárceles.
Las situaciones presentadas por los trabajadores de estos equipos interdisciplinarios dieron cuenta de la configuración de una persecución ideológica tanto en relación al sostenimiento de una práctica orientada hacia un proyecto democratizador de la prisión que la actual gestión política definió desmantelar, como en torno a su definición de agremiación, en defensa de la institucionalidad democrática.
Se expone respecto a los mecanismos por los cuales se inventan situaciones y se crean sumarios a los trabajadores haciendo uso del marco jurídico de un decreto ley de la dictadura genocida, marco jurídico viciado de inconstitucionalidad y proscripción de derechos no solo como trabajadores, sino también como ciudadanos.
En la conferencia pública, a partir de las exposiciones, los invitados y participantes fueron manifestando apoyos y bosquejando propuestas. En este marco se definió realizar un pedido de informes desde la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, interpelando los lineamientos de la política pública que se expresan en actos de gobierno; solicitar el acceso a los sumarios a través de la Comisión de Derechos y Garantías; realizar un pedido de espacio en el Honorable Consejo Municipal de Rosario, entre otras innumerables posibles acciones. También se realizaron apreciaciones respecto de pedidos de definición a nivel provincial sobre el decreto ley 8183/78 que vulnera derechos laborales.
El día 8 de noviembre, en la Facultad de Psicología de la UNR se llevó a cabo una nueva actividad, esta vez convocada por esa Casa de Altos Estudios, con la adhesión del Colegio de Trabajadores Sociales- 2da. Circunscripción, del Proyecto de Investigación y Desarrollo: “Colisión de normas: problematización de deberes profesionales de fuente deontológica y jurídica”, la Secretaría de Ciencia y Técnica- Facultad de Psicología (UNR), y el Vector: “Pena y subjetividad”- Centro de Psicología y legalidad (UNR). En esta actividad académica fueron convocados estudiantes, docentes, graduados, organizaciones sociales y público en general, para darle continuidad a la presentación pública de la situación que atraviesan los profesionales que trabajan en cárceles y construir con categorías conceptuales las marcas del impacto que se produce con el reciente giro en las políticas públicas. Como afecta este tipo de políticas publicas a la formación de alumnos, a los residentes y a los profesionales que ingresan a estas organizaciones del Estado.
Ese giro abrupto en materia penitenciaria de las políticas públicas pone en riesgo las garantías de los derechos humanos fundamentales. Es una reversión discursiva que tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo en materia de aseguramiento de derechos, en los avances democratizadores dentro de la prisión, en los mecanismos de reducción de daños, en las actividades de reinserción a pesar de la cárcel y en definitiva en el cierre de la institución total sobre sí misma, promoviendo la reproducción de estructuras más rígidas y oscuras que se exceptúan al derecho.
Dentro de los mayores obstáculos para la instalación de reconocimiento de derechos se encuentra la el decreto ley 8183/78, cuya reforma se distiende en el marco de la provincia. Por eso se hizo hincapié en un proyecto de ley (Macaluse) que perdió estado parlamentario y que los diputados de la alianza FAP impulsaron para modificar la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal. Este proyecto encarna un cúmulo de principios renovadores, de derechos laborales y, a la vez, recorta la discrecionalidad y arbitrariedad de las autoridades. Bien podría pensarse en llevar esos principios, esa situación recogida en ese proyecto de ley nacional, a la organización penitenciaria de la provincia de Santa Fe.
La persecución ideológica a los trabajadores que reivindican derechos laborales, que ejercen su derecho a la agremiación y a la expresión libre de sus ideas en torno al desmantelamiento sucesivo de la política pública penitenciaria, se realiza a través de métodos que recuerdan a los de la última dictadura genocida. Permitidos por un entramado de reglamentaciones que se originaron en aquel momento y que hoy perdura como ley Orgánica del Servicio Penitenciario (N°8183/78). Decreto-ley que sostiene un estado de excepción, paralelo al estado de derecho, a la concepción de ciudadanía; un estado con el cual arbitrariamente estas autoridades políticas hacen uso de construcciones discursivas que arman sumarios y se constituyen en intimidaciones reales que amedrentan a un colectivo determinado y son usados para disciplinar al resto de los trabajadores.
{{Equipo de Comunicación ATE Rosario}}