Rosario, 7 de Agosto de 2012 – En esta importante fecha en la que dió comienzo el juicio contra los asesinos de Mariano Ferreyra, desde la CTA Rosario nos movilizamos y nos sumamos al reclamo popular por justicia por Mariano, perpetua a Pedraza y castigo a todos los responsables. Estamos convencidos de que a Mariano Ferrerya no se le recuerda y reivindica solamente cuando comienza el jucio contra sus asesinos materiales e ideológicos, sino todos los días, luchando por la libertad y democracia sindical, y construyendo un modelo sindical distinto, plural, participativo, combativo, autónomo de los patrones, los gobiernos y los partidos.Compartir Facebook
Desde la CTA Rosario hacemos nuestras las consignas de esta fecha:
– Justicia por Mariano, Perpetua a Pedraza y a todos los responsables.
– Castigo a los funcionarios y empresarios cómplices y avance las causas paralelas.
– Fuera la burocracia sindical. Basta de tercerización y precarización laboral.
– Basta de persecusión a Hospital y Bustillo y a todos los luchadores populares y sindicales.
– Basta de impunidad. Aparición con vida de Julio López. Juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de Kosteki y Santillán, Carlos Fuentealba, los Pibes de Moreno, Silvia Suppo, Sandra Cabrera y las víctimas de la represión de 2001.
– Derogación de la Ley Antiterrorista.
¡Mariano Ferreyra Presente, ahora y siempre!
Compartimos a continuación el documento leído en el acto:
Justicia por Mariano Ferreyra: Perpetua a Pedraza y castigo a TODOS los culpables
Hoy, 6 de agosto, comienza el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra y por las gravísimas heridas que sufrieron Elsa Rodríguez y otros compañeros el 20 de octubre de 2010.
Hoy, 6 de agosto, a 22 meses del crimen de Mariano, nos hacemos presentes con esta movilización para reclamar condena a José Pedraza y Juan Carlos Fernández, los responsables políticos de este crimen contra la clase obrera; para reclamar condena a Pablo Díaz y a los integrantes de la patota que ejecutaron el ataque; para reclamar castigo a los policías que liberaron la zona, cubrieron la huida de la patota y destruyeron pruebas fundamentales.
Llegamos a este juicio con Pedraza preso, una inmensa victoria de la movilización popular que a veinticuatro horas del crimen, reunió más de 60.000 personas en las calles de la Capital, junto a las marchas, paros y cortes que recorrieron todo el país con un reclamo unánime: juicio y castigo a TODOS los culpables. Esa movilización popular no cesó ni un instante en estos 22 meses sin Mariano. Trabajadores, estudiantes, artistas, escritores, periodistas, agrupaciones y organizaciones populares de toda la Argentina e incluso del exterior refrendaron en millares de iniciativas el compromiso, la determinación y el clamor de que el crimen de Mariano y el ataque a los compañeros no quede impune. Ese es el reclamo que hoy, 6 de agosto, traemos a las puertas de este tribunal.
Nos movilizamos porque queremos llegar hasta el final en la cadena de responsabilidades por este crimen político y para que nunca más un crimen contra el pueblo quede impune.
El crimen de Mariano sacó a la luz el infame régimen de las tercerizaciones que rige en el ferrocarril y en todos los gremios, por el cual miles de trabajadores perciben un salario inferior al que les corresponde por la misma tarea que realizan los compañeros bajo convenio.
En el caso del ferrocarril, quienes lucraban con esta precarización –además de los empresarios- eran los jefes de la Unión Ferroviaria. ¡Los dirigentes sindicales eran propietarios de varias de las cooperativas truchas que empleaban trabajadores en condiciones indignas! De esa manera amasaron verdaderas fortunas. Pedraza, el jefe máximo de la burocracia sindical ferroviaria, fue detenido en Puerto Madero en un piso de su propiedad valuado en un millón de dólares.
Los ferroviarios tercerizados y quienes los acompañaban se pusieron de pie contra ese negociado y la burocracia sindical lo defendió a sangre y fuego: el crimen de Mariano pretendió ser un castigo ejemplar contra los tercerizados que luchaban por pasar al convenio y contra quienes los apoyaban.
Contra lo que pretendieron afirmar –y siguieron afirmando- voceros oficiales, como el Ministro Tomada, en el crimen de Mariano no hubo “enfrentamiento” alguno: los tercerizados y los militantes que los apoyaban fueron emboscados por la patota de Pedraza cuando ya se retiraban de la zona de las estaciones ferroviarias. Como lo denunciáramos tantas veces en estos 22 meses -y así quedará expuesto en este juicio-, este ataque fue el resultado de un plan criminal orquestado por Pedraza y la cúpula dirigente de la Unión Ferroviaria con la complicidad de los empresarios de Ugofe y de los funcionarios de la Secretaría de Transporte; un plan que no hubiera sido posible sin la activa colaboración de la Policía Federal.
Después del crimen de Mariano, el gobierno y las privatizadas rechazaron una y otra vez la incorporación de los tercerizados a la planta. Las sucesivas medidas de lucha de los ferroviarios fueron objeto de ataques políticos e incluso represivos contra el movimiento de lucha de los tercerizados y las fuerzas que los apoyaban. También fueron objeto de ataques los trabajadores ferroviarios que sistemáticamente denunciaron el mal estado del sistema y el peligro que eso entrañaba para usuarios y empleados.
Por eso, hoy volvemos a manifestar que entre el crimen de Mariano y la masacre de Once existe un hilo de continuidad: la misma trama de intereses que reúne a empresarios, funcionarios y burócratas sindicales en torno al negociado de los subsidios estatales.
A lo largo de una década, el presupuesto público sirvió para enriquecer a un puñado de parásitos y poner en pie el régimen que derivó en el crimen de Mariano primero y en la masacre de la estación Once –con sus 51 muertos y más de 700 heridos- tiempo después. Los protagonistas son los mismos: tras la masacre de Once, los socios de TBA en Ugofe fueron premiados con la gestión de los ramales Sarmiento y Mitre tras la salida de Cirigliano. Los grandes ausentes en este juicio son los empresarios y los funcionarios políticos responsables por estos crímenes contra el pueblo.
Queremos el castigo a TODOS los culpables.
Reclamamos que se investigue a los empresarios de Ugofe que concedieron las licencias laborales para formar la patota; reclamamos que se investigue al ex secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi -quien se encontraba junto a Pedraza y Fernández al momento de producirse el ataque- y al actual subsecretario de transporte ferroviario Antonio Luna. Reclamamos que los policías sean juzgados por su participación necesaria en la emboscada criminal, y no como espectadores pasivos del ataque.
No a la impunidad
Comienza el juicio oral a Pedraza y su patota y las tentativas de impunidad no cesan.
Los defensores de Pedraza y su patota continúan intentando postergar el inicio de este juicio hasta lograr que la Cámara de Casación les conceda la excarcelación de los detenidos. Pretenden que Pedraza sea juzgado en libertad para sortear el cumplimiento efectivo de una eventual condena.
También presentaron un pedido de juicio político contra los miembros de este tribunal, por el cual el Consejo de la Magistratura -en lugar de rechazarlo en el acto-, ordenó la instrucción de un expediente. Alertamos a toda la población que acompaña esta lucha, que eso significa una espada de Damocles sobre las cabezas de los jueces que juzgarán a Pedraza, ya que el Consejo de la Magistratura – en el que el oficialismo tiene mayoría – puede vetar al tribunal en el transcurso del juicio.
Por otra parte, Pedraza se sumó desde la cárcel de Ezeiza al bando de la burocracia sindical que apoya el gobierno en la crisis de la CGT, lo cual fue avalado por el Ministerio de Trabajo. Denunciamos que detrás del voto de Pedraza se desarrolla una activa negociación política con el Estado para lograr su absolución.
Advertimos también por los intentos de aislar este juicio y despojarlo de sus connotaciones políticas. Nos referimos a la parálisis de las causas conexas a la que investiga el crimen de Mariano: la del intento de coimas a la cámara de Casación, en la que están involucrados jueces y agentes de inteligencia; la del desvío de fondos que denunció un ex gerente de Ugofe y la del perito de parte Roberto Loclés por alterar la bala que mató a Mariano. Todas ellas conectan los intereses y circunstancias que rodean el crimen de Mariano. A este operativo de rescate de la burocracia pedracista se suma Ugofe, que acaba de sancionar a dos de los dirigentes de la oposición antiburocrática a Pedraza en el ferrocarril Roca, Jorge Hospital y Flavio Bustillo, sobre la base de acusaciones infames.
Las pruebas reunidas contra Pedraza y los demás acusados son abrumadoras. Las escuchas judiciales completas –que recién hace pocas semanas pudieron conocer las querellas- profundizan todos los elementos reunidos durante la instrucción. De ellas surge con claridad el firme verticalismo que rige en la Unión Ferroviaria, liquidando la pretensión de colocar a Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz actuando al margen de la del consentimiento de Pedraza. Reflejan la comunión de intereses económicos de la burocracia, los empresarios y los funcionarios en la explotación de las tercerizadas y la connivencia de Pedraza con la primera línea del Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada y Noemí Rial.
También reflejan la viva preocupación de la burocracia por mantener el control político del ramal Roca y bloquear la influencia de las agrupaciones y corrientes combativas entre los trabajadores. En estas escuchas, que recién ahora salen a la luz, consta el auxilio brindado por la Unión Ferroviaria a Cristian Favale –el principal sospechado de ser el autor material del crimen de Mariano-, la organización de los lock out de la UF y La Fraternidad en solidaridad con los detenidos y ubican a Pedraza en el centro de las negociaciones para sobornar a los miembros de la sala III de la Cámara de Casación.
Los personeros de la burocracia sindical del ferrocarril siguen enquistados en sus puestos de funcionarios. Entre otros, íngel Stafforini –acusado de reunir los fondos destinados a sobornar al tribunal de Casación- y Graciela Coria -esposa de Pedraza- aun hoy integran el directorio del Belgrano Cargas, y administran una caja mensual multimillonaria; Juan Araya, abogado de la Unión Ferroviaria y organizador de la asistencia a los patoteros detenidos, continúa al frente de la empresa estatal Sofse. Antonio Luna –de La Fraternidad- sigue atornillado a su puesto de subsecretario; hace pocas semanas, recorrió junto a Florencio Randazzo los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada. Una verdadera ratificación pública.
La permanencia de los hombres de Pedraza en el ferrocarril es sólo un aspecto de la protección del poder político sobre la burocracia sindical –que se expresa también en el amparo oficial sobre ex buchones comprobados de la dictadura militar como Gerardo Martínez , de la Uocra, y Julio Sosa, de la comisión directiva de La Fraternidad. Esa protección se expresa, todos los días, en la impunidad con que actúan sus patotas, y en la propia persecución estatal y judicial sobre los luchadores, avalada desde el gobierno. A su turno, la sociedad entre esa burocracia, los privatizadores y el Estado continúa el vaciamiento de un sistema ferroviario en ruinas, que todo el tiempo se cobra víctimas fatales.
Después del crimen de Mariano
Después del crimen de Mariano, la movilización obrera y popular logró el pase a planta de más de mil quinientos trabajadores ferroviarios, logramos la prisión preventiva de Pedraza y que los policías sean juzgados junto a los miembros de la patota.
Pero también se produjeron gravísimos hechos contra los luchadores populares, a la escala de todo el país. Sólo un mes después, en Formosa, dos dirigentes de la comunidad qom La Primavera -Roberto López y Mario López- fueron asesinados por parte de las fuerzas policiales al mando del gobernador kirchnerista Gildo Insfrán. Al poco tiempo, en la Capital, otros tres compañeros -Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri ílvarez- eran asesinados en el Parque Indoamericano, en medio de la represión que comandaron la Federal de Aníbal Fernández y la metropolitana de Mauricio Macri. También se produjo la sospechosa muerte del dirigente campesino chaqueño Mártires López, aún no esclarecida. En el mes de Julio, la lucha por la tierra se cobró la vida de los compañeros Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán en Libertador (Jujuy), donde la policía de otro gobernador oficial actuó en defensa del monopolio explotador de los Blaquier. Poco después, el asesinato de Cristian Ferreyra, militante del movimiento campesino de Santiago del Estero, a manos de un sicario de los latifundistas de aquella provincia.
La acción represiva no ha cesado tampoco sobre los luchadores obreros que desafían a las patronales y a las burocracias, como ocurre con los compañeros de Cerro Dragón, Chubut, que están protagonizando una gran huelga contra la tercerización en los yacimientos petroleros. Por otra parte, quedó al desnudo un régimen de delación y espionaje contra los luchadores denominado ´Proyecto X´, defendido por la ministra de seguridad Nilda Garré –la misma que durante un año suministró defensa gratuita a los policías imputados en la causa de Mariano y pretendió procesar a sus compañeros de lucha, Hospital y Merino. Meses después del crimen de Mariano, era detenido Rubén “Pollo” Sobrero, del Cuerpo de Delegados del Ferrocarril Sarmieno, bajo una imputación falaz públicamente respaldada por Aníbal Fernández.
Hoy, existen miles de compañeros procesados, perseguidos o con amenazas de desafuero en todo el país, entre los que se cuentan delegados obreros de base, estudiantiles, dirigentes políticos y de derechos humanos. La acción de las patotas y la criminalización de los luchadores no cesaron. La sanción de la llamada ´ley antiterrorista´ a fines de 2011 refuerza esta política represiva, apuntada a las luchas y movilizaciones obreras y populares.
El de Mariano Ferreyra fue un crimen político. Porque involucró al estado, a las burocracias sindicales que le sirven, a sus aparatos de represión y a los capitalistas que usufructúan el ferrocarril privatizado -y también porque terminó con la vida de un militante revolucionario.
En esta lucha también recogemos los nombres de José Cabezas, de los asesinados en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, de Carlos Fuentealba, de Jorge Julio López, de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y de todos los luchadores asesinados bajo este régimen cuyos responsables políticos continúan impunes. ¡Nunca más!
Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, organizador de la Federación Universitaria de Buenos Aires en el CBC de Avellaneda, palpitaba todas y cada una de las luchas obreras de su zona. Pero también fue un apasionado del teatro, del cine, de la música, de la amistad y la juventud militante, que es la que lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados.
Mariano forma parte de una generación obrera y juvenil que hoy, en las fábricas, colegios y facultades, se pone de pie para dotar a los sindicatos, federaciones estudiantiles, organizaciones barriales de una nueva dirección para sus luchas. Por todos ellos, por Mariano, por Elsa, por todos los luchadores criminalizados o perseguidos, decimos:
1-Juicio, condena y prisión perpetua a Pedraza y a toda la patota que asesinó a Mariano Ferreyra e hirió a Elsa y a los otros compañeros.
2.-Juicio y castigo a los policías, responsables políticos y empresariales cómplices del crimen. Que los policías sean juzgados por lo que les cabe, partícipes necesarios de un homicidio.
3- Abajo las sanciones de Ugofe contra Jorge Hospital y Flavio Bustillo.
4.-Juicio y castigo a los responsables de los crímenes contra todos los militantes populares asesinados desde entonces, los compañeros Qom, los del Parque Indoamericano, los de Jujuy.
5. -Basta de persecución a los luchadores.
6.-Fuera los agentes de Pedraza y los privatizadores del Ferrocarril. Por su renacionalización, bajo gestión de los trabajadores.
Equipo de Comunicación CTA Regional Rosario