“Los prostíbulos son regenteados por proxenetas y sirven de refugio para la explotación y la trata”
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), inició una serie de reuniones con organizaciones sociales y distintos sectores del gobierno de Santa Fe ante el debate sobre la regulación de los prostíbulos iniciado en esa provincia a raíz del asesinato del policía Emanuel Dal Mastro mientras cumplía, aparentemente, tareas de custodio dentro de un local.
(Santa Fe, 24/06/09) El crimen del custodio Emanuel Dal Mastro en un prostíbulo en la ciudad de Rosario pone en evidencia lo que desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) venimos denunciando hace años y que costó la vida de nuestra compañera Sandra Cabrera, secretaria general de AMMAR Rosario: la existencia de prostíbulos en todas las provincias del país y la complicidad policial en su funcionamiento, a pesar de estar expresamente prohibidos por la legislación nacional.
Ante los dichos del jefe de la policía rosarina, Osvaldo Toledo, quien evaluó “conveniente” reglamentar el funcionamiento de este tipo de lugares, desde AMMAR-CTA queremos aclarar que la existencia de locales es proxenetismo. La ley nacional de profilaxis 12.331 establece en su artículo 15 que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella” y establece penas de multa y prisión para quienes regenteen “casas de tolerancia”.
Argentina es además firmante del Convenio de Abolición de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, que establece con toda claridad que el ejercicio del trabajo sexual no es delito, pero sí lo es el proxenetismo. Este tratado, recomienda expresamente no reglamentar el trabajo sexual, porque hacerlo significa legitimar una cadena de explotación. Desde AMMAR venimos denunciando hace años la relación directa entre vigencia del Código de Faltas que persigue a las trabajadoras sexuales, la persecución policial y el crecimiento de los locales “puertas adentro”, donde existen un mayor número de arbitrariedades, violencia, explotación. El propietario de los locales se queda con la mayor parte de la ganancia de las trabajadoras sexuales: es decir, es un proxeneta.
A pesar de que en su momento el ex gobernador Obeid y el mismo Hermes Binner se comprometieron a trabajar por la derogación de los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas, estos artículos que brindan herramientas a la policía para perseguirnos siguen vigentes. Es producto de la fuerte persecución sobre las trabajadoras sexuales en las calles y el aumento de la inseguridad contra nuestras compañeras que viene creciendo de forma feroz el trabajo puertas adentro, con todos los riesgos que esto significa.
En el año 2003 las Naciones Unidas exhortó a los gobiernos “a que rechacen toda forma de reglamentación de la prostitución en prostíbulos”. La reglamentación de la prostitución tiene una experiencia de treinta años en la Argentina, desde principios de siglo XX hasta la década de 1930 y se dejó de lado porque no sirvió para mejorar las condiciones de salud de la población (medidas profilácticas) y, en cambio, fue muy útil para dar una cara legal a un amplio negocio de tráfico y explotación sexual de mujeres.
Desde AMMAR-CTA consideramos que el debate abierto por el asesinato del policía Dal Mastro debe servir para poner en evidencia una vez más la larga lista de irregularidades de la policía de la provincia y, sobre todo, para generar de una vez la decisión política de derogar los artículos del Código de Faltas que sirven para criminalizar a las trabajadoras sexuales. Porque con trabajadoras sexuales autónomas, libres de coimas policiales y de proxenetas que intentan vivir de nuestro trabajo, se reduce el negocio que existe alrededor de la tarea que realizamos para sostenernos y sostener a nuestras familias.
Recordamos una vez más que esta misma policía hoy en el centro de las sospechas por tener custodios de civil en lugares que están prohibidos, es la que denunció nuestra compañera Sandra Cabrera por coimas policiales y complicidad en la explotación sexual infantil. Mientras el crimen de Sandra continúa impune se debate cómo hacer más seguros los locales donde se perpetra la explotación.
{{Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR)}}
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