Contemplando que la situación de los jubilados a nivel nacional es muy similar a la de los indigentes, que el salario mínimo de un jubilado no supera los 670 pesos de bolsillo, es urgente y necesario que los beneficios del nuevo sistema garantice, a todos sin exclusión alguna, un pago mensual complementario de un salario mínimo vital y móvil que no se vulnere el 82 % móvil.
Nuestra Asociación de Trabajadores junto a la CTA fueron pioneras en la lucha por la defensa de los fondos provisionales. En el año 1992, juntamos un millón de firmas para evitar el saqueo de las cajas jubilatorias y que no desapareciera el régimen de reparto solidario de jubilaciones y pensiones.
Entendemos que esta decisión política del gobierno y en consonancia con los procesos sociales que vive nuestro país con los luchas de los movimientos sociales, puede significar un avance político importante en la disputa por una distribución del ingreso para millones de ciudadanos que hoy no llegan con sus precarios salarios.
Las luchas por la defensa de los fondos provisionales en noviembre del año 1992, cuando se juntaron más de un millón de firmas para evitar el saqueo de las cajas jubilatorias, impidió la destrucción total del sistema de reparto que funcionaba.
Dieciséis años después nos parece imprescindible que el control social de los recursos, como su orientación, deben ser dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados, utilizándose con gran responsabilidad.
Es fundamental en este nuevo proceso que se abre la participación activa de los distintos sectores de los jubilados y los trabajadores activos del sistema.
El nuevo sistema de reparto debe ser solidario y estatal. Debe funcionar con mecanismos transparentes y visibles garantizando que los más necesitados puedan tener un acceso justo a sus prestaciones.
Bajo ningún punto de vista los millones recuperados a favor de las arcas del Estado, deben ser consignados al pago de la deuda externa, ni a los organismos de crédito internacionales, como el Club de París, Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional.
Este final, el de las AFJP, estafa planificada por Domingo Cavallo y ejecutado por Carlos Menem, consumado en la década de los noventa, no es más que un proceso genuino de lucha que dignamente los trabajadores fueron resistiendo y denunciando con total abnegación, haciendo frente a los esquemas neoliberales de entonces, que se presentaban ante la sociedad como una garantía posible de vida.
Bregamos por último que este sistema que debe ser consensuado en profundidad por todos los sectores involucrados se transite por muchos años sin tener que mediar consecuencias oscuras como las vividas cuando Cavallo empezó a soñar un país sólo para los ricos, obteniendo las ganancias para el provecho de las AFJP; del bolsillo de trabajadores, causando consecuencias sociales hasta el presente desconocidas en nuestros país. Desocupación, muerte y espanto fueron los esteriotipos hegemónicos del sistema político argentino.
El Congreso de la Nación una vez más, tiene la palabra.
{{Comisión Administrativa Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
Seccional Rosario}}