Miércoles 27 de marzo de 2013.- Por Carlos Preiti – Bajo el título “Bonfatti quiere crear un impuesto a las empresas que contaminan”, el pasado sábado Diario La capital daba cuenta del nuevo proyecto al que el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe, David Asteggiano, calificó de “revolucionario”. El criterio de “el que contamina paga”, legaliza la contaminación y establece un infame y desigual poder sobre la calidad de aire, suelo y agua. Recursos a los que tenemos derecho todos y que el Estado debe preservar según expresamente prescribe la Constitución Nacional.
A los efectos de caracterizar muy brevemente el contexto donde operan las “cerealeras” que conforman un sistema en el que se encuentra, entre otros, el río Paraná y los transportes, queremos resaltar la vital importancia de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los controles para establecer los parámetros necesarios de protección al ambiente, dando cuenta de la actividad diaria de las referidas terminales.
Entre la zona costera desde Timbúes a Villa Constitución, son 33 las Terminales Graneleras erigidas como verdaderos puertos industriales que forman el Complejo Agroindustrial más importante del mundo, dada su capacidad de almacenamiento y proceso por el volumen con el que operan. Capacidad que les da también una alta potencialidad de impacto ambiental. A poco más de 600 km del mar convocan anualmente en promedio 4500 buques de ultramar , unas 1500 barcazas de países limítrofes y más de un millón de camiones. En una zona densamente poblada del país, y sobre las márgenes de un rio como el Paraná proveedor de agua, se deslastran, cargan y operan estos transportes produciendo el traslado de uno de los recursos más importantes en la economía nacional.
Los impactos potenciales, derrames, vertimientos de efluentes, residuos, accidentales o no, el dragado permanente sin mucho protocolo, tienen impactos sensibles, negativos y dañinos en el río, en las riberas, en las poblaciones ribereñas, y en los medios de subsistencia de estas. Independientemente de las incumbencias de las distintas jurisdicciones del Estado que realizan controles en estas interfaces, el gobierno provincial tiene la responsabilidad de contralor en el ámbito del territorio santafesino.
Lo preocupante es que el proyecto enviado a la legislatura por el Gobernador Antonio Bonfatti, plantea cobrar por contaminar, “a las que tienen emisiones por encima de lo permitido, ya se les están aplicando sanciones económicas”.
Históricamente a muchas empresas le ha sido más barato pagar las multas que implementar tecnología que evite o minimice la contaminación. Estos criterios aumentan la preocupación en una provincia con más de 2.500.000 de ha sembradas y fumigadas, por las dudas sobre el seguimiento de las tareas agropecuarias en el uso de agroquímicos y el de sus envases e insumos que el Estado debe garantizar.
El gobernador planteó “no recaer sobre pequeñas o medianas empresas”, lo que agrega más desconcierto a la política ambiental, medir el riesgo con criterios inadecuados hace que éste adquiera un nuevo carácter porque, parte de las condiciones de su cálculo y procesamiento, es errático. Luego o, no cumplen con la norma, o la norma no se ajusta a la realidad, o ambas cosas.
Teniendo presente que el compromiso voluntario de las empresas con criterios ambientales no siempre es cumplido, la presencia del Estado es indelegable y su intervencion debe ser clara y ecuánime.
El Secretario de Medio Ambiente provincial C. Mackler aclaró además que “el impuesto se aplicará a las empresas que cumplen con las dos leyes de impacto ambiental pero que igualmente contaminan”.
Los riesgos ambientales, encuadrados como complejidad por la ciencia son también una determinada percepción y valoración cultural expresada en acciones para contenerlos. Si las leyes no alcanzan, hay que modificarlas.
Los riesgos que toman muchas industrias, para obtener ventajas económicas, devienen en peligros que son, argumentan, la cara oculta del progreso.
Se debe siempre mejorar la producción, pero el ESTADO debe ocuparse por hacer cumplir y controlar adecuadamente lo que ya está probado como acción de riesgo, y legislado en consecuencia.
Conforme a la evolución técnica y tecnológica , en la producción , almacenamiento, transporte, y transformación de nuestras riquezas nacionales , el Estado debe acompañar con innovación en los seguimientos, como contención previsora y distribución justa de las consecuencias y costes derivados de decisiones industriales que generen desvíos .
En la contaminación ambiental :
los peligros se crean industrialmente,
se externalizan económicamente,
se individualizan jurídicamente,
se legitiman científicamente
y se minimizan políticamente.
Ulrich Beck
{{Lic. Carlos Preiti –L.P.U 7685762
TE 0341- 156148944
Referente Técnico de la disuelta Unidad de Gestión Ambiental SENASA Regional Santa Fe
Delegado Gremial SENASA, ATE Rosario
por la Comisión Directiva de ATE Rosario,
Gustavo Martínez
Secretario General ATE Rosario,
TE 0341-156893429}}