Rosario, 20 de enero de 2012. Trabajadores/as que realizan su tarea cotidiana en las cárceles de la provincia de Santa fe decidieron colectivamente organizarse en nuestro gremio, la Asociación Trabajadores del Estado. En un avance buscando que se respeten sus derechos denuncian un regimen bajo la figura de obediencia debida a los superiores jerárquicos. Este Documento de presentación busca poner fin a este estado de excepción e intenta que los mecanismos autoritarios, arbitrarios y antidemocráticos sean desterrados por una verdadera política progresista como práctica concreta de trabajo. {{Documento de presentación}}
Somos trabajadores profesionales universitarios que desarrollamos nuestra actividad laboral en las cárceles de la Provincia de Santa Fe. Los equipos interdisciplinarios que integramos están compuestos por Psicólogos, Terapistas Ocupacionales, Abogados y Trabajadores Sociales.
La función que a cada profesión (Psicología, Terapia Ocupacional, Abogacía, Trabajo Social) le compete en relación a sus incumbencias profesionales se enmarca en los cinco principios básicos de la política pública progresista vigente desde el año 2008: reducir daños, abrir la prisión, democratizar la cárcel, promover y asegurar derechos y reintegrar socialmente a pesar de la prisión.
Dentro de la administración pública tenemos la particularidad de estar regulados por la Ley Orgánica Nº 8183, decretada durante la última dictadura militar en el año 1978.
{{Dicha ley reglamenta las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios, creando la figura jurídica de un “Estado Penitenciario” dueño de los tiempos, derechos, obligaciones -en resumen de la vida- de los empleados, quienes en base al mismo tenemos como primer deber el de obediencia debida a los superiores jerárquicos; estamos compelidos a trabajar con horas de recargo sin derecho a remuneración alguna “por razones de servicio”; contamos con la prohibición de participar en actividades de partidos políticos, de sindicalizarnos y/o de poder realizar petitorios colectivos –cuestión que puede resumirse en prohibición de peticionar-, siendo sometidos a un régimen de calificaciones y de disciplina y, por consiguiente, estamos constantemente expuestos a ser pasibles de sanciones.}}
De más está decir que consideramos que la vigencia de dicha norma, en un Estado de Derecho y a treinta y seis años de la recuperación de la democracia, reviste la suficiente gravedad por su declarada inconstitucionalidad.
Este marco legal anula la posibilidad de ejercer nuestros derechos básicos como cualquier trabajador, derechos consagrados en la Constitución Nacional y ratificados en Tratados Internacionales.
{{Política Penitenciaria Progresista: Una retórica más que una practica concreta}}
Desde el año 2008 el gobierno provincial ha puesto en marcha la denominada “política penitenciaria progresista”, plasmada en un Documento Básico que intenta ser de público conocimiento, ya que ha sido publicado en la página web del Gobierno de la provincia.
La mencionada política se basa en cinco principios básicos para llevar a cabo la reforma del sistema penitenciario, ellos son: reducir daños, abrir la prisión, democratizar la cárcel, promover y asegurar derechos, y reintegrar socialmente a pesar de la cárcel.
En lo que respecta a promover y asegurar derechos, el Documento Básico señala textualmente que “la política penitenciaria progresista para la Provincia de Santa Fe busca reforzar en el interior del universo penitenciario un “lenguaje de los derechos”, tanto con respecto a las personas privadas de su libertad como con respecto a los trabajadores penitenciarios.
La prisión ha mantenido siempre con respecto a las personas afectadas un doble sistema de premios y castigos destinado a gobernarlos que seguramente ha sido más evidente con respecto a los presos que con respecto a los trabajadores penitenciarios, pero que ha mantenido una lógica idéntica con respecto a ambos.
En dicho doble sistema, la distribución de elementos positivos o negativos está mediatizada por una decisión de la autoridad, que tiene un espacio de discrecionalidad extraordinariamente amplio que muchas veces transcurre hacia la arbitrariedad, fundándose en consideraciones meramente subjetivas.
Esta política penitenciaria buscará instalar una fuerte “objetivación” de la toma de decisiones al interior del universo penitenciario, generando diversas instancias para que el espacio de la discrecionalidad sea reducido al mínimo posible.”
En lo que refiere a la “Promoción de los derechos de los trabajadores penitenciarios y nueva estructura de personal” (una de las Líneas de Acción definidas por la política pública), el Documento Básico señala: “Se habilitarán mecanismos legales de representación democrática y pluralista de los intereses de los trabajadores penitenciarios a los fines de que, como cualquier otro trabajador estatal tengan canales institucionalizados para representar sus perspectivas y reclamos en lo que hace al desempeño de su propia actividad.
Las reformas legales que se plantearán, junto con el nuevo estilo de gestión política y administrativa (…) contribuirán a generar otra trama institucional hacia el futuro del Servicio Penitenciario en la Provincia de Santa Fe, acordes con las exigencias de la democracia y el estado de derecho.”
“Una de las líneas de acción fundamentales de la política penitenciaria progresista será la revalorización y promoción de los derechos de los trabajadores penitenciarios (…) Se producirá también la abolición del concepto de “estado penitenciario” y se reforzará legal, organizacional y culturalmente la similitud de derechos y obligaciones de los trabajadores penitenciarios con respecto al resto de los ciudadanos y, especialmente, de los trabajadores estatales”.
“Esta promoción debe comenzar (…) con una reforma estructural de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario que se encarará durante el 2008, y que tenderá, como principal meta, restituir derechos a este tipo de trabajador estatal, tradicionalmente relegado a un estatuto de ciudadano de segunda categoría a partir de la instauración legal del concepto de “estado penitenciario” (…)”
A pesar de lo mencionado por la política pública, todavía no nos es posible hacer real el ejercicio de nuestros derechos básicos como trabajadores, como por ejemplo discutir y peticionar sobre el mejoramiento de nuestras condiciones de trabajo, en especial porque seguimos sujetados al “Estado Penitenciario” que nos demanda trabajar sin remuneración justa (en el mes de diciembre se nos notifica que debemos trabajar 20 horas mensuales más sin ajuste remunerativo, es decir, por el mismo salario, lo que consideramos conlleva una rebaja de salario encubierta); arbitrariedad en las decisiones de traslados con respecto a los lugares de trabajo; guardias pasivas de duración de siete días corridos sin remuneración ni francos compensatorios; artículos por enfermedad, maternidad, u otros derechos laborales que al hacer ejercicio de ellos derivan en un descenso del puntaje en la calificación a la que estamos sujetos como empleados, etc, etc, etc…
{{Persisten mecanismos autoritarios, arbitrarios y antidemocráticos}}
La realidad cotidiana de nuestro trabajo nos muestra que, hasta el momento, los postulados citados anteriormente han quedado en un plano discursivo que se escinde de la acción concreta en tanto que ésta va en dirección opuesta, siendo que se lleva a cabo la utilización de los violatorios artículos de la ley orgánica que habilita mecanismos autoritarios, arbitrarios y antidemocráticos que no posibilitan la restitución de los derechos a los trabajadores del servicio penitenciario. Por ello, creemos que es necesario replantear seriamente esta contradicción, hacerla explícita y remover realmente los obstáculos para hacer concretos los derechos hasta ahora conculcados, propios de un Estado Democrático.
{{Organizarnos en ATE}}
Es por esto que un grupo de trabajadores profesionales de las cárceles de la provincia hemos decidido organizarnos dentro de la institucionalidad democrática; constituyéndonos, en el marco de la actividad gremial como trabajadores del Estado, haciendo uso de una de las herramientas indispensables que este ámbito nos confiere como lo es la Asamblea de los Trabajadores que se viene llevando a cabo desde hace meses en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Esta instancia es la que nos hace partícipes de elegir y definir nuestros propios pasos en un proceso de lucha por la mejora de nuestras condiciones de trabajo como el eslabón fundamental para que el proyecto de democratización de la prisión se torne posible.
Estamos convencidos de que las condiciones para la garantía de los derechos de las y los ciudadanos privados de su libertad se encuentran en intrínseca relación con la garantía de los derechos de las y los ciudadanos que trabajamos en las cárceles de la provincia de Santa Fe.
{{Trabajadores Profesionales que trabajan en cárceles de la provincia de Santa Fe organizados en ATE }}