Argentina, 12 de septiembre de 2011. Frente al estado público que ha tomado la presentación de un proyecto de Ley para modificar el artículo 86 del código penal y el llamado a reunión de comisión para debatirlo, por parte del Presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito considera oportuno hacer público su rechazo a esta convocatoria que de manera manifiesta solamente apunta a obstaculizar el verdadero debate que se debe el Congreso Nacional, que es por la
despenalización y legalización del aborto. Además este proyecto en
particular no resulta adecuado para resolver el problema de las muertes de
niñas y mujeres por aborto en nuestro país, ni para resolver el cumplimiento
de los abortos que están permitidos.
Modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sin
sentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias
provocadas por sectores de justicia o del sistema de salud. Es incluso, en
este proyecto presentado por Vega, más restrictivo que la legislación
vigente, ya que intenta incorporar plazos (12 semanas) que el actual código
no incluye. Circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal
como abortos no punibles (cuando existe riesgo para la vida o la salud de la
mujer o en casos de violación) pueden conocerse luego de ese plazo y con
las modificaciones propuestas se volverían punibles.
Una vez más se puso en evidencia en agosto de 2011 con la niña violada por
su tío en Misiones, que la criminalización del aborto obstaculiza su
práctica en los casos actualmente permitidos. Es decir que se promueve una
trama de incumplimientos, discusión de interpretaciones y dilaciones
indebidas entre el sistema de salud y de justicia, que se reiteran
asiduamente en todo nuestro país, generando un problema de salud pública y
vulnerando derechos claramente consagrados por nuestra legislación desde
hace 90 años.
Para cumplir con los abortos que actualmente son legales existe una “Guía
técnica para la atención integral de los abortos no punibles” elaborada por
el Ministerio de Salud de la Nación que debe elevarse a rango de Resolución
Ministerial, junto con el desarrollo de un plan para su efectiva
implementación en todo el país. La efectivización de esta Guía es una
política de salud pública, responsabilidad del Poder Ejecutivo, que no
requiere de ninguna intervención del poder legislativo para ser efectiva.
Este proyecto y otros que sólo intentan aclarar el alcance del artículo 86,
representan un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no
aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales,
tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino. No
resuelven el problema de las 500 mil mujeres que cada año recurren a esta
práctica, y menos aún el de las 3.000 mujeres que han muerto desde la
reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto
siga siendo clandestino y por lo tanto, peligroso para las mujeres más
pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad,
habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es
ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a
las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo.
En contraposición a lo expuesto, creemos que legalizar y despenalizar el
aborto como propone el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE), elaborado e impulsado por esta Campaña, contribuye a
descomprimir las interpretaciones y subjetividades personales e
institucionales puestas en juego. Es un aporte no sólo para aclarar las
actuales causales, sino que también permite a los equipos de salud trabajar
sin presiones. Sabiendo que un tercio de muertes maternas se deben al aborto
practicado en condiciones inseguras, la propuesta del Proyecto de IVE, se
presenta como la herramienta más eficaz para reducir drásticamente la
mortalidad de mujeres por gestación.
Como ha sido ampliamente argumentado por diferentes Organismos Internaciones de Derechos Humanos, sólo mediante la legalización del aborto, se respeta la universalidad y la no-discriminación, y la autonomía de las mujeres como ciudadanas con derechos que deben ser garantizados por el Estado.
Desde la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la
Nación se han realizado dos audiencias públicas con invitadas especiales
(Marianne Mollman representante de Human Rights Watch y Luz Patricia Mejía
relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que expusieron
argumentos consistentes sobre la necesidad de avanzar en la legalización
sobre aborto. En ocasión de las mismas, la Comisión, manifestó su compromiso
con que este tema fuera tratado durante el año 2011. Por esto es que desde
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito
esperamos que se dé el mismo tratamiento a este tema que se está dando a la
Ley de Identidad de género. Nuestro proyecto de Ley cuenta con la firma que
lo avala de 50 diputados y diputadas, lo que demuestra el amplio apoyo
social que se ha sumado a lo largo de todos estos años.
Nuestra sociedad no sólo está madura para debatir este tema con la
complejidad que reviste, sino que es imperioso hacerlo. Llamamos a diputadas
y diputados firmantes del proyecto de Ley de la Campaña a realizar un
compromiso activo con el debate. Los derechos de las mujeres no pueden
esperar los tiempos electorales, ni los discursos religiosos, ni las
maniobras distractivas y conservadoras, que siguen poniendo a nuestro país
en situaciones de discriminación en el acceso a la salud y a un derecho que
afecta solamente a las mujeres y en especial a las más jóvenes y de sectores
populares.
Invitamos a toda la sociedad comprometida con la defensa de los derechos
humanos de las mujeres a repudiar públicamente el accionar de los
legisladores y legisladoras que no cumplen con sus compromisos, postergando
respuestas esenciales para el bienestar de la población, y reiteramos
nuestro compromiso integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos
para no abortar, aborto legal para no morir
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