En el día de ayer, miércoles 23 de setiembre se consumaron dos noticias que no podemos soslayar. La primera tiene que ver con la marcha 911 de los jubilados, la misma que hace años vienen sosteniendo todos los miércoles de lucha por salir de la pobreza, de la indigencia, de ganar una vez por todas el 82 % móvil, la recuperación definitiva de la Obra Social Pami, intervenida permanentemente desde su nacimiento por cuanto gobierno de turno haya pasado por el Estado y la promulgación definitiva sobre una nueva ley previsional en Argentina que democratice el Anses y el Pami. La otra, la decisión de la Dirección Ejecutiva del Pami a cargo del Doctor Luciano Di Cesare de pagar con recursos propios, como ya lo hizo anteriormente el Anses para financiar la general Motors, 1630 millones de pesos a los títulos del Tesoro Nacional con la excusa de “garantizar prestaciones actuales y futuras para dar calidad a los beneficiarios”.
Debemos aclarar que no somos los trabajadores especialistas en economía pero sí somos seres pensantes que observamos desde nuestro lugar de trabajo, lugar que nos toca convivir con los adultos mayores en este caso, las dificultades que tenemos cotidianamente para brindar una buena prestación al afiliado. Y estas dificultades no son más que las que soportamos hace años con este Pami excesivamente centralizado en su vida institucional.
Dos ejemplos que evidencian dicha afirmación. Una: hace más de un año que está en vigencia la resolución del Programa Nacional de Promoción y Prevención Socio-Sanitaria que crea los centros de días, resolución 585/08, que no se debatió con nadie como la mayoría de las decisiones y que no hubo una sola decisión política de parte de la Dirección Ejecutiva del Pami Central, a partir de su reglamentación, que llegara a las Unidades de Gestión Local para que se implementen normativamente junto a las organizaciones sociales que se dedican a la tercera edad, los centros de jubilados. Dos: las prestaciones que se brindan en la emergencia, 139, servicios de ambulancias y otros servicios, con muchas dificultades a la hora de una atención digna para las miles urgencias que se presentan todos los meses.
Queremos hacer una salvedad para que no haya malos entendidos. No son responsables el conjunto de los trabajadores de estas desidias cotidianas. Son las decisiones políticas de no poner en marcha democráticamente gran parte del andamiaje de programas que se nutren desde la Dirección Ejecutiva y que debido a disputas políticas, partidarias o sindicales corporativas hacen imposible a los afiliados las prestaciones que se merecen.
El Pami es una obra social y no un banco que recauda. Cuando hablamos de Pami nos gustaría escuchar palabras que nada tengan que ver con fideicomisos o con acciones en bolsa o con estos pagos de letras al tesoro nacional que se anuncian de un plumazo con dineros recaudados de los aportes que el mismo Pami recibe cautivamente, invirtiéndose en intereses que nada tengan que ver con la seguridad social o sea con los trabajadores. Por eso el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados junto al Programa de Asistencia Médica debe consignar el derecho de darles a los jubilados ese bien social que garantice una vida sana, digna y justa.
El mismo mecanismo que tuvo estado parlamentario y luego transformó en ley el fin de las AFJP, debería utilizarse para dar fin a las intervenciones en la obra social con la finalidad de constituir en todo el territorio nacional, Direcciones Políticas Ejecutivas que definan mediante mecanismos democráticos y con participación de las organizaciones que dan vida a la obra social, la distribución de los recursos, reconocidos públicamente, el 75% de los aportes de la población económicamente activa y lo restante de los aportes que hacen los jubilados.
Como vienen sosteniendo la Fetrajub, Mesa Coordinadora, Foro de la seguridad social en defensa del Pami, la CTA y muchas organizaciones más, la salida debe surgir de una respuesta colectiva que defina políticas que nos permitan accionar a favor de liquidar la indigencia a la cual están sometidos millones de jubilados en todo el país. Premisa fundamental si esta obra social quiere seguir existiendo tal cual sus voces fundantes que dieron forma a la Ley 19.032 y su modificatoria 25615, como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa, de acuerdo a las normas de la presente ley destinada a financiar exclusivamente los recursos en el marco de la seguridad social y no fuera de ella.
Una última reflexión para no perder la memoria, tan frágil para algunos, tan necesitados para las mayorías que luchan por un modelo de país más distributivo, equitativo y justo. La lucha de las organizaciones sociales, Fetracom, Farco, Sindicatos de Prensas de todo el país, la que formaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que determinaron con mucho esfuerzo la media sanción en la Cámara de Diputados para una nueva ley de medios, es la misma que debe surgir y abrir campo de acción para las futuras decisiones en este ámbito de la salud que tiene 12.000 trabajadores y alrededor de 4.500.000 beneficiarios.
La salud es un derecho y es prioritario resolverlo. Los jubilados y los trabajadores lo merecemos.
Comisión Administrativa de ATE Rosario
Centro de Jubilados ATE Rosario